Israel quiere expulsar a más de mil palestinos de 12 aldeas en las montañas del sur de Hebrón para convertir la zona en un campo de tiro.
Tras 13 años de litigio, la Corte Suprema debe decidir en breve qué ocurre con estas familias.
Israel sostiene que los afectados no viven allí permanentemente. Los palestinos, que es su casa desde hace generaciones.
La
familia de Mahmud Hamandeh, portavoz de la villa de Mufaqara, en una de
las casas amenazadas por el Ministerio de Defensa de Israel.
Muy cerca, bloques de hormigón con pintadas en hebreo, árabe e inglés advierten del peligro latente. “Zona de fuego. Entrada prohibida”, rezan. Eso es lo que el Gobierno de Israel quiere que sean 12 villas del distrito de Yata, Mufaqara entre ellas: un área cerrada para maniobras militares. La llamada zona de fuego 918. Para ello, quiere expulsar a un millar largo de palestinos que residen en la zona desde que tienen memoria ellos, sus padres, sus abuelos. Propietarios privados de la tierra. Tras 13 años de litigio, este mes la Corte Suprema debía decidir el futuro de los poblados, pero ha retrasado la vista hasta el 2 de septiembre. Esta promete ser la definitiva. Una cuarentena de escritores israelíes, por primera vez, ha emitido un comunicado en el que llama a su Ejecutivo a “respetar” las aldeas y, a sus conciudadanos, a romper el “sólido cinismo” y el “silencio” con que consienten la ocupación. La espera, pese al ánimo, es terriblemente angustiosa.
Mahmud Hamandeh nació en Mufaqara. Sabe a ciencia cierta que al menos tiene tres generaciones a sus espaldas que residieron en la misma zona. A sus 65 años, es hoy el portavoz de la villa. “El problema comenzó en los años 80, cuando empezaron a planificar las colonias. Todos aguardamos a que la comunidad internacional las parase pero, al contrario, se deja incluso que crezcan, con puestos de avanzada. Luego nos ilusionamos con los Acuerdos de Oslo [1993], pero tampoco. Pasó el tiempo y se concretó la amenaza. Quieren que mis campos sean zona de tiro. Aquí todos somos pastores de ovejas y cabras y plantamos lo que se puede. ¿Qué daño hacemos? ¿Por qué no construyen el campo de tiro en el desierto del Negev, donde no viva nadie?”, se pregunta, con la indignación creciendo en su voz.
Vista de Mufaqara, en un valle al sur de Hebrón rodeado de colonias ilegales.
Fue tan grave esta incursión que la Corte Suprema permitió que los palestinos regresasen a sus casas, en unas 3.000 hectáreas de suelo. Los jueces decidieron que se mantendría el status quo en el área hasta que se demostrase si, realmente, sus habitantes tenían o no residencia permanente en estas aldeas. Porque ese es el principal argumento que usa Israel para tomar la tierra: los vecinos no viven allá, dice, sólo van muy de cuando en cuando, y tienen sus casas estables en Yata, el mayor pueblo palestino de la comarca, el que da nombre al distrito. Israel alega una segunda razón para movilizar a este millar de personas: si siguen allá cuando se instale el campo de tiro podrán recopilar informaciones de inteligencia sobre sus métodos de entrenamiento e incluso recoger armamento olvidado, que puede ser usado más tarde para ataques terroristas.
“Vea mi casa, mi modo de vida. Está claro que no vengo aquí cada dos meses a dar un paseo. No soy un invasor en mi propia tierra, como quieren hacer ver”, se queja Mahmud. Nada parece abandonado. Todo rezuma rutina diaria. Es cierto que algunos de sus convecinos tienen casa en propiedad o en alquiler en Yata, además de la de Mufaqara, “pero nadie pregunta a un judío de Susiya si además de en la colonia tienen un chalé de veraneo en la playa. Nadie le obliga a irse por eso, ¿verdad?”, ejemplifica Avner Gueverianu, israelí, miembro de la ONG Breaking The Silence, que hizo su servicio militar en la zona y ahora denuncia lo que quieren ejecutar sus ex compañeros.
Los escritores Zeruya Shalev, Etal Megged y Alona Kimhi, en la jaima de Mufaqara.
El “asedio”, abunda Lecker, es “constante” por parte del Ministerio de Defensa de Israel. Cada cierto tiempo, los soldados entran en las villas, hacen inspecciones, piden papeles. Plantan carteles de peligro o sobrevuelan la zona con sus helicópteros. Los colonos vecinos han talado algunos de los esenciales arbustos o han envenenado el agua de los animales, cuando esta región cubre el 40% de las necesidades de ovejas y pollos de todo el sur de Cisjordania, según informa a Efe el Ayuntamiento de Yata.
“El acoso llega a todo: les tiran cisternas de agua, los sanitarios que colocan en las afueras de las viviendas… No pueden conectarse a la red de suministro de agua potable, por lo que la compran a los pueblos vecinos a un precio muy elevado. Tampoco pueden engancharse a la red de electricidad. Ni respetan su modo tradicional de vida ni les dejan mejorar en cosas esenciales que sí quieren incluir en su día a día. Es estresante y es un crimen de guerra”, explica el letrado. Como sostiene Jonathan Brenneman, voluntario de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP), todo se mezcla con los “disparos y bengalas” que se dejan oír por la noche “y entonces la paranoia echa raíces”. “Aquí están al borde de la desesperación, desde hace 20 años”, insiste.
Un ejemplo de la tensión diaria es el paseo de los niños de Mufaqara hasta el colegio. Una quincena de niños acude a las aulas, en el valle, a varios kilómetros a pie, con escolta de cooperantes italianos de la Operazione Colomba. Los pequeños sufren agresiones por parte de los colonos próximos desde 2006. Las videocámaras occidentales que todo lo graban les sirven de escudos, evitan que se acerquen sus atacantes. No siempre, es verdad. Hace dos años, un voluntario fue apaleado. “Hasta los militares que protegen estos asentamientos tienen miedo de sus vecinos”, reconoce Gueverianu.
Imagen de la campaña de la ONG B´Tselem contra el desalojo de los palestinos.
Mahmud Hamandeh habla en una jaima, rodeado de prensa y de escritores israelíes que han acudido a apoyar su causa, parte de los intelectuales que han firmado el documento que pide “a aquellos que sean capaces de escuchar” que eviten “otra injusticia” contra los palestinos. Entre los que suscriben el texto se encuentran los nombres más destacados de las letras de Israel: David Grossman, Amos Oz, A.B. Yehoshua. “Estoy aquí porque es lo sensato. Es lo que merece esta gente. Pero también pienso en la salud mental de mi país, de Israel, que no se plantea lo que hacemos a los palestinos. Es una injusticia que hay que denunciar, pero en cambio cada vez somos más insensibles, más conservadores, menos solidarios”, denuncia Eyal Megged. Su colega Alona Kimhi comparte la misma visión. “Tenemos que presionar para que la sociedad despierte. Los ciudadanos, más que los políticos, podemos llevar este conflicto a un nuevo punto, ganando batalla tras batalla desde el sentido común y la justicia. Es el momento del compromiso”, dijo a los vecinos de la villa, descalza, con un té en las manos.
El grupo regresa a Israel. Atrás quedan las villas y su dolor. Mahmud y su familia reparten ciruelas como despedida, junto a la tienda apuntalada que es su casa. Antes, una vez, hubo una vivienda de ladrillo, ilegal, sin permiso, pero “necesaria” ante las inclemencias del tiempo. El Ejército se la ha tirado varias veces. Ahora la tiene a medio levantar de nuevo. “Pueden destruir nuestra casa pero no nuestros derechos. No se pueden confiscar las mentes de los palestinos”.
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